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Viernes 4 de noviembre de 2011
FINANCIACIÓN
40 ayuntamientos a los que dejó sin financiación el Gobierno siguen sin enviar sus cuentas

Sólo 10 de los 50 ayuntamientos "sancionados" han presentado al Ministerio de Economía la liquidación del presupuesto de 2010

M.D. Únicamente 10 de los 50 ayuntamientos salmantinos a los que el Gobierno castigó el pasado 10 de octubre reteniéndoles su participación en los ingresos del Estado han cumplido desde entonces con su obligación de enviar la liquidación de su presupuesto de 2010, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda fechados a 28 de octubre. Una vez cumplimentado este trámite, esta decena de consistorios volverán a contar con estos fondos, incluida la entrega a cuenta que les correspondía en el mes de octubre y que el Ministerio les había retenido a la espera de que se pusieran al día.

La presentación de las cuentas definitivas del año pasado era una obligación recogida en el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible y que muchas corporaciones locales habían pasado por alto, ya que la normativa fijaba en un principio el 31 de marzo. El Gobierno amplió el plazo para el cumplimiento de este requisito hasta que el pasado 10 de octubre decidió bloquear el pago mensual de la participación en los impuestos del Estado a los municipios que no habían enviado las liquidaciones, que en el caso de Salamanca fueron medio centenar de pequeños ayuntamientos.

Pese a la sanción del Ministerio de Economía, desde la adopción de esta medida sólo 10 consistorios salmantinos han cumplido con la Ley: Agallas, La Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, Barbadillo, Cantagallo, Cerralbo, Puerto de Béjar, Saelices el Chico, Tabera de Abajo y Villar de la Yegua. Los 40 restantes seguían sin hacerlo a finales de octubre, por lo que el bloqueo de las entregas a cuentan proseguirán también en el mes de noviembre.

Estas aportaciones, que en casos de las localidades afectadas más importantes como Cantalapiedra o Villarino de los Aires superan los 10.000 euros al mes —13.900 y 11.700 respectivamente— son claves para afrontar los gastos corrientes del municipio o los salarios a empleados. Por lo tanto, la retención de estos ingresos puede suponer problemas de liquidez en algunos ayuntamientos, que pueden conllevar retrasos en los pagos.